Avite presenta las alegaciones al RD de la Talidomida

Avite (Asociación de Víctimas de la Talidomida) ha presentado sus alegaciones al RD de la Talidomida del Gobierno que permanece en audiencia pública hasta el 13 de marzo. La postura de la asociación  se resume en un oposición formal al proyecto del Gobierno de Pedro Sánchez. 

Los fundamentos jurídicos para esta oposición han sido elaborados por Ignacio Martínez, asesor legal de Avite, que sostiene que el RD incurre en “graves infracciones” y en la falta de respeto a “los acuerdos previos adquiridos de buena fe entre Avite y el Gobierno”. 

Entre la alegaciones apuntadas, Avite destaca las siguientes (consulte el documento completo pinchando aquí)

1) No se regula la exención fiscal de las ayudas, “No regular una exención fiscal resultaría doblemente discriminatorio: por un lado con las víctimas de otros males en España -contagiados por VIH, VHC, víctimas de daños, víctimas de terrorismo, etc., según el artículo 7 de la Ley 35/2006 del IRPF-; y, por otro, con los afectados por talidomida en otros países como Irlanda, Canadá, Italia, Alemania, Brasil, Reino Unido, etc. Tanto unos como otros gozan de exención fiscal”.

¿Dará tiempo a aprobar el RD en esta legislatura? 

Es difícil, pero no imposible que el RD de la Talidomida vea la luz antes de la convocatoria de elecciones del 28 de abril. El plazo para presentar alegaciones al texto culmina el próximo 13 de marzo. Entonces, el documento con las objeciones recibidas pasa al Consejo de Estado para que elabore su dictamen, que cuenta con dos meses máximo para cumplir con este mandato. Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez puede solicitar al Consejo de Estado que resuelva por la vía de urgencia y reduzca ese trámite de dos meses a quince días. Entonces, podría estar en tiempo para aprobarlo por Consejo de Ministros. 

Por ese motivo, Avite ha querido dejar bien definida y argumentada su oposición a lo que recoge la norma reguladora. “Queremos impedir que si llega un Gobierno nuevo vea algo de consenso ya en la mesa y esperamos que si sale otro Gobierno socialista cambien los responsables de Sanidad que han consensuado esta propuesta normativa”, asegura Ignacio Martínez, abogado experto en Derecho Sanitario que asesora a Avite. 

Por otro lado, Martínez recuerda que mantienen la vía judicial abierta. El julio, si el Gobierno no ha respondido a su reclamaciones, Avite presentará ante la Audiencia Nacional un recurso por silencia administrativo. 

2) Se pretende rebajar lo establecido en la Ley General de Prespuestos del Estado (LGPE) 6/2018 respecto del alcance de las ayudas alterando uno de los factores a multiplicar, a saber, los puntos de discapacidad de los afectados. Así, la LGPE 6/2018 dice: “El importe de la ayuda a percibir será el resultado de multiplicar 12.000 euros por cada uno de los puntos porcentuales de discapacidad reconocida a la persona afectada”. Así, el abogado apunta que”la ley pues es muy clara al establecer cada uno -o sea todos- los puntos, y donde la ley no distingue no es dable que lo haga el Real Decreto que la desarrolla, que en este caso, y obsérvese el matiz, dice: El importe de la ayuda a percibir será el resultado de multiplicar doce mil euros por cada uno de los puntos porcentuales de discapacidad reconocida a la persona afectada, compatibles con las descritas para la talidomida…Es claro que ese compatible espuriamente añadido es contrario a la ley, y en caso de ser preciso, así se hará valer ante los tribunales por Avite.

Además, el abogado advierte que “esta redacción con toda seguridad será fuente de litigiosidad garantizada ante los tribunales de justicia de mantenerse, ya que es difícil, si no imposible, deslindar el alcance de la embriopatía por talidomida en el conjunto de taras que aquejan a cada afectado. Uno de ellos por ejemplo puede tener focomelias que a lo largo de los años hayan dado lugar a una escoliosis, que en sí misma no la causó la talidomida, sino que se deriva de la asimetría. A su vez todo esto podría generar una afectación general como la fibromialgia, de la que cabría decir otro tanto.

3) Por último, Avite alega que “el Gobierno ha soslayado completamente el mandato que le impone la LGPE 6/2018 de recabar la colaboración económica de Grünenthal para paliar el daño. La LGPE 6/2018 en su disposición adiccional 56 dice: El Gobierno de España recabará de la compañía propietaria de la patente y, en su caso, de aquellas que hubieran realizado la distribución del fármaco en España la colaboración económica necesaria para la reparación de las víctimas, así como el reconocimiento del daño causado. Esta colaboración se destinará a incrementar proporcionalmente las cantidades reconocidas a las personas afectadas”.

El Real Decreto recoge los trámites que los afectados deben seguir para el cobro de las ayudas, siempre que antes hayan sido reconocidos por el Instituto de Salud Carlos III. Hay un anexo con el documento a cumplimentar por el afectado y una memoria económica. En el impacto económico de la norma ser reconoce que los 20 millones presupuestados para este efecto pueden ser insuficientes, pero que para determinar este punto es necesario concluir con las evaluaciones de los reconocidos como afectados y su grado de discapacidad, que se indemniza con 12.000 euros por punto

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