C. Valenciana: el ‘Botánico II’ seguirá su senda

El socialista Ximo Puig ha sido reelegido presidente de la Generalitat Valenciana gracias a los votos de su partido, Compromís y Unidas Podemos. Respecto a las políticas sanitarias previstas para los próximos cuatro años, la senda queda marcada por el acuerdo de gobierno denominado Botánico II, ratificado por el propio Puig, Mónica Oltra (Compromís) y Rubén Martínez Dalmau (Unidas Podemos-EU). El documento es una apuesta por el continuismo, que también está previsto que se mantenga al frente de la propia Consejería de Sanidad: en el reparto de la docena de consejerías del nuevo gobierno, seis corresponderán al PSOE, entre ellas Sanidad. Y las previsiones apuntan a que Ana Barceló seguirá al frente.

Entre las medidas concretas que se fijan en el documento firmado, se incluye seguir trabajando “para la recuperación de los servicios públicos privatizados una vez finalizada la concesión, con una política común que garantice una mejor prestación, más equitativa, eficiente y de calidad y que no suponga un perjuicio económico para la Generalitat”.

Este redactado supone descartar rescates de concesiones administrativas sanitarias antes de que finalicen sus contratos y, en la práctica, que en la actual legislatura solo pueda acometerse Torrevieja (2021) -al margen de concluir el proceso ya iniciado en Denia y que sigue en el aire-. Así, Manises (2024) y Elche-Vinalopó (2025) quedarían fuera del tablero.

También se apunta que se mejorará la atención primaria “poniéndola en el centro del sistema sanitario” y, más concretamente, gracias a la elaboración de un plan de infraestructuras y una ampliación de las plantillas “para disminuir la presión asistencial” y conseguir un tiempo “adecuado” de atención a los pacientes.

En esta línea, se garantizará que el transporte sanitario cuente con personal y vehículos suficientes “para ofrecer un servicio de proximidad, eficiente y de calidad”.

Estas medidas se enfrentan a una realidad palpable: el Plan Especial de Atención Primaria -una medida de choque puesta en marcha a finales de enero de 2019 y que incluía la contratación de 307 profesionales- aún sigue sin estar a pleno funcionamiento y, como ha denunciado el Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana (CESM-CV), si existen dificultades para cubrir este plan o el inminente de verano, aún será más complejo abordar futuras ampliaciones.
Los integrantes del Botánico II se comprometen a continuar con la eliminación del copago a aquellos colectivos más vulnerables, ampliándola “a los colectivos con ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional (SMI)”.

También apuestan por una estrategia integral para reducir las listas de espera, “mejorando las infraestructuras, incrementando los recursos humanos y potenciando el autoconcierto y el Plan de Choque”.

Además, como ya avanzó Ximo Puig en el primer discurso de su investidura, se implantará una oficina de control de la demora, con capacidad de dirección, seguimiento y evaluación de los tiempos de espera en todos los departamentos. Se trata de otro de los caballos de batalla en el debate sanitario valenciano, con críticas cruzadas entre PSOE y PP, fundamentalmente, sobre la incapacidad para controlarlas.

Más prestaciones

Otra medida expuesta ya por Puig en las Cortes Valencianas se recoge en el documento: la ampliación progresiva de las prestaciones sanitarias a ámbitos como la atención bucodental preventiva y reparadora y la podología, “comenzando por garantizar el servicio a la infancia y otros colectivos vulnerables”.

Otras medidas contempladas son el despliegue de los recursos residenciales y diurnos previstos en la Estrategia Valenciana de Salud Mental para asegurar la cobertura en todo el territorio, garantizando la coordinación sociosanitaria; la promoción de una alimentación saludable, y el establecimiento de medidas que desincentiven el consumo de bebidas azucaradas, “destinando estos recursos a mejorar la atención primaria en la salud y abrir equipamientos deportivos”.

El documento recoge la intención de regular la realización de prácticas en los centros, servicios y organismos públicos, con la finalidad de garantizar su calidad y la prioridad del alumnado de los centros sostenidos con fondos públicos -un tema de interés por la polémica con las prácticas de los alumnos de Medicina y, sobre todo, la sentencia judicial que afirma que no se puede impedir que los centros privados hagan prácticas en las instituciones sanitarias públicas-.

Además, en el eje 2 del acuerdo, Feminismo, diversidad e igualdad de trato, se habla de los derechos sexuales y reproductivos, anunciando la creación de un Plan de Salud Sexual desde la perspectiva de género y LGTBI+, especialmente entre los más jóvenes, favoreciendo su implantación en centros educativos en todos los ciclos. Asimismo, se anuncia que se garantizará “progresivamente” la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública.

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