Condena de 1,7 millones de euros por no extirpar a tiempo un tumor benigno

El Juzgado de Primera Instancia número 3 de Majadahonda (Madrid) ha condenado a Mapfre España -aseguradora del Servicio Murciano de Salud cuando ocurrieron los hechos juzgados- a indemnizar con 1.586.000 euros, más los intereses del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro, a un joven y su familia porque el retraso de diagnóstico del tumor medular benigno que tenía el afectado derivó en un daño neuronal que le mantiene postrado en una silla de ruedas de manera irreversible.

La sentencia es firme y el abogado de la familia, Ignacio Martínez, colaborador de la Asociación El Defensor del Paciente, afirma que la compañía aseguradora ha abonado ya la millonaria condena a los afectados. En total han sido 1.713.000 euros.

La jueza establece una relación de causalidad directa entre la situación en la que ha quedado el paciente y la mala praxis médica

La mala praxis que ha motivado la sentencia se centra en el retraso de diagnóstico del tumor medular, injustificable, a juicio de la jueza del caso, porque el afectado llevaba acusando dolor de espalda desde marzo de 2013 y no fue hasta el 26 de enero de 2015 cuando el sangrado producido por el tumor hizo que ninguna intervención médica posterior pudiera revertir el daño neuronal producido. En este periodo de tiempo el paciente acudió en siete ocasiones al médico, tanto de primaria como de atención hospitalaria, acusando la misma sintomatología, la octava vez tuvo que ser operado de urgencia.

La condena, sin embargo, limita la responsabilidad de la mala atención sanitaria a partir de octubre de 2014, mes en el que el paciente es derivado a Traumatología por el dolor y se le prescribe rehabilitación, por entender que tenía una escoliosis dorsolumbar. El afectado, que en esos momentos tenía 15 años, termina abandonando la rehabilitación porque no la soportaba, según le explica al médico de Primaria cuando acude nuevamente a su consulta por dolor, el 19 de enero de 2015.

Ignacio Martínez, abogado colaborador de la Asociación El Defensor del Paciente.

Pues bien, sobre esta última atención médica, la jueza señala: “El médico de atención primaria tiene la historia clínica del dolor de espalada del menor, le debe constar las visitas a Urgencias, al Servicio de Traumatología, a la rehabilitación y […] y pese a la persistencia del dolor, no explicable ni justificable en la escoliosis ni en los isquitibilaes […], el médico persiste en una nueva radiografía de tórax, en un electrocardiograma, lo cual es indicativo de que el facultativo sospecha de que la patología dolorosa del menor no encuentra marco explicativo perfecto en la escoliosis y aun así, estando pautada en protocolo una resonancia magnética, tampoco se le prescribe. De este modo, incurre en falta de pericia, pues se estaba en trance de averiguar la causa del persistente dolor y no justificable con la escoliosis, siendo obligación del médico plantearse todas las posibilidades, incluidos los astrocitomas [tumores], cuya existencia no puede desconocerse por razón de su profesión”.

Siete días después de esa atención médica, el 26 de enero de 2015 y de madrugada, la intensidad del malestar lleva al paciente a solicitar atención sanitaria. La jueza explica: “Nuevamente el doctor yerra en su diagnóstico, pues lejos de averiguar el origen del dolor que llevó al paciente en día lectivo […] a urgencias, lo que indica el carácter urgente del mismo, se limita a pautar analgesia intravenosa”, y le da el alta.

“La juez tuvo en cuenta que el tumor era benigno para no aplicar la doctrina de pérdida de oportunidad”, apunta el abogado Ignacio Martínez

Ese mismo día, vuelve al hospital por paresia bilateral. Tras una resonancia magnética, se le deriva al Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca (Murcia). La prueba de imagen delata “una lesión intramedular que se extiende desde la C7 a la D3, que expande la médula y el canal, heterogénea, con una zona de sangrado en su interior y un gran componente quístico”. Se le practica una “laminectomía con extirpación tumoral parcial desde C7 a D3”.
La situación actual del joven, según documentos del Hospital de Tetrapléjicos de Toledo, se resume en una dependencia de terceros para las actividades de la vida cotidiana, pues necesita de una silla de ruedas para desplazarse.

La jueza establece una relación de causalidad directa entre la situación en la que ha quedado el paciente y la mala praxis médica, defendida, entre otros documentos, en el informe pericial presentado por la parte demandante y que firma un facultativo con la especilidad en Neurología.

El informe del perito especialista afirma: “El tumor era histológicamente benigno. Si se hubiera extirpado a tiempo no habría progresado y sangrado cuando lo hizo, en enero de 2015. Cuando ya se extirpó era demasiado tarde. De hecho, sus médicos lo consideran un tumor de buen pronóstico y, por eso, no se decidió más tratamientos. Las secuelas que padece en la actualidad el menor son directamente debidas a un retraso de casi 2 años en el diagnóstico y tratamiento de un astrocitoma medular”.

Para alcanzar la cifra de 1,7 millones de euros de la condena, la jueza aplica las tablas del baremo de tráfico en su última versión, la de 2015. La doctrina de la pérdida de oportunidad no tiene cabida en este caso, pues la juzgadora reconoce la relación de causalidad directa entre la mala actuación médica y el daño. La clave de esta relación directa es la benignidad del tumor.

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