Cuentas de 2019: ¿para cuándo?

El Gobierno en funciones de Pedro Sánchez informó la semana pasada, a las 48 horas de conocerse el resultado de las elecciones generales, en las que el PSOE obtuvo mayoría pero no absoluta, de los programas de Estabilidad 2019-2022 y de Reformas 2019 que ha remitido, como es preceptivo, a la Unión Europea. En esos dos informes hay varios artículos que afectan a la sanidad pública. Por ejemplo, hay varias medidas de ahorro en medicamentos        -entre ellas, la “generalización de una subasta a nivel nacional que permita que el sector público se beneficie de los descuentos que ahora reciben las farmacias”-, así como una subida salarial fija del 2,25 por ciento para todos los empleados públicos (estatales, autonómicos y locales) y una inversión del 2,5 por ciento de los Presupuestos Generales del Estado para I+D+i.

Se trata de planteamientos o previsiones no aprobadas, ni tan siquiera abiertas a la participación de los agentes implicados, y, además, difícilmente notaremos cambios este mismo año en el conjunto del Sistema Nacional de Salud, que aún no se ha recuperado de los recortes aplicados (con desigualdad territorial) desde 2010.

El Ejecutivo de Sánchez trabaja con los presupuestos prorrogados de 2018 mientras no se apruebe un nuevo Proyecto de Ley de Presupuestos, y no parece tener prisa. Ni en eso ni en formar, y pactar con una o con varias fuerzas de la oposición, nuevo Gobierno puesto que ya ha manifestado su intención de esperar a que pasen las elecciones autonómicas y locales y al Parlamento Europeo, todas convocadas para el 26 de mayo.

Luego vendrán la investidura de Sánchez, muy probablemente en segunda vuelta, y la formación del Ejecutivo que tendría que elaborar las cuentas de 2019 y someterlas a trámite parlamentario, un proceso que podría llevarnos hasta otoño, que es justo el momento en que tendrían que estarse ultimando los detalles del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2020.

Lo realista, y práctico, sería seguir con los presupuestos de 2018 ideados por el Gobierno de Mariano Rajoy -el gasto no financiero del Estado para 2019 asciende a 157.802 millones de euros, un 0,1 por ciento inferior al de 2018-, acometer los parches (que no reformas) que sean urgentes y posibles y pensar en el año que viene. Y lo mismo en esas siete comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla la Mancha, Cataluña, País Vasco y La Rioja) que, en varios casos de manera inexplicable, están funcionando también este año con sus presupuestos prorrogados.

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