Demanda a España por conflicto colectivo a causa del abuso de la contratación temporal

Un sindicato ha presentado ante la Audiencia Nacional una demanda por conflicto colectivo contra el Estado Español por el abuso en la contratación temporal. Según la central, esta demanda afecta al futuro de 700.0000 trabajadores, de los cuales en Sanidad habría más de 169.000 trabajadores de forma temporal, interina o estatutaria, por más de 3 años.

El Sindicato Nacional de Trabajadores en Fraude denuncia “el sistema abusivo y fraudulento de contratación temporal que están haciendo las administraciones, al llamar temporales a empleados con más de 3 años de servicios y además efectuar lo que es el ERE encubierto mayor de la Historia”. Se refieren a las distintas oposiciones derivadas del acuerdo firmado entre el Gobierno y los tres principales sindicatos (CCOO, UGT y CSI) firmados en marzo de 2017.

El sindicato pide a la Audiencia que “aclare los requisitos básicos para entender que existe abuso en la contratación temporal y fraude, así como la consecuencia”. También se solicita “la desnaturalización de los vínculos”, reconociéndoles el derecho a tener empleo de forma indefinida, no temporal ni supeditada a sacar las plazas a oferta, junto a una indemnización.  

Manuel Martos, abogado y asesor del sindicato, explica a DM que la petición de los requisitos se pide porque “no se ponen de acuerdo los diferentes juzgados de lo social y contencioso administrativo y sus respectivas salas”. Los asuntos laborales relacionados con personal funcionario (y específicamente el estatutario) se suelen juzgar en el contencioso-administrativo.

Martos destaca que “lo importante es que determinen si se desnaturaliza el vínculo por estar en fraude y abuso. No podemos entender que se nos trate como personal interino e ir por la jurisdicción contenciosa (con riesgo en costas) cuando los requisitos para ser interino se han sobrepasado. Interinos de 5 años, 10 o más son ilegales y por ello no pueden regirse por la norma contenciosa”.

El sindicato buscará a políticos y funcionarios responsables de la gestión de recursos humanos para solicitarles responsabilidad solidaria en las demandas por daños y perjuicios

Martos es además presidente de la Asociación Nacional de Interinos y Laborales (ANIL). Dicha organización puso otra denuncia ante de la Audiencia Nacional para pedir la anulación del acuerdo entre Hacienda y los sindicatos para poner en marcha la ‘macroOPE‘, alegando un defecto de forma. La Audiencia rechazó en su día proceder a la suspensión de todas las convocatorias de oposiciones derivadas de dicho pacto. El letrado espera la sentencia pronto.

A instancias europeas

Esta nueva demanda, de conflicto colectivo, llevaría aparejada la suspensión de todos los procedimientos que se estén conociendo por fraude en el territorio español, tanto en la jurisdicción social como contenciosa. Además, se solicita nuevamente que se eleve cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) “ante la manifiesta imposibilidad de solventar el problema el Estado, mientras no se determine qué se entiende en España por estabilidad en la Administración”. 

Según la central, la media en España de contratos y nombramientos temporales es de 18 años de prestación de servicios. Defienden que, a la luz de normativa europea, estos empleados tendrían derecho a la estabilidad, mientras que el acuerdo nacional les obligaría a examinarse y podrían ser cesados sin ni siquiera indemnización.

Se han presentado por el sindicato, además, diligencias previas en los diferentes juzgados para que se aporten datos de los políticos y funcionarios responsables de la gestión de recursos humanos a los que se les va a solicitar responsabilidad solidaria en demandas por daños y perjuicios. Las indemnizaciones se calculan que superan los 37.000 euros de media por afectado, lo que supondría para el Estado una cantidad total de más de 25.900 millones de euros.

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