(De)pendientes de la lista de espera

El volumen de personas que recibe ayudas del sistema de dependencia no deja de crecer, pero no consigue hacerlo al ritmo suficiente como para hacer desaparecer la bolsa de los que sufren demoras en la asistencia.

Así se desprende de los datos del Sistema de Atención a la Dependencia (Saad) a cierre del primer semestre de 2018, que muestran que el número de dependientes atendidos ha crecido en casi 100.000 personas en pocos meses y roza ya el millón de personas (987.086 concretamente). Y pese a ese esfuerzo por atender a más personas, la lista de espera no ha conseguido reducirse de forma significativa y sigue en niveles semejantes a los que alcanzó durante la crisis económica, afectando al 22,7 por ciento de los dependientes reconocidos.

Concretamente, las nuevas cifras, a 30 de junio de 2018, reflejan que casi 300.000 personas (289.097 exactamente) tienen reconocido algún grado de dependencia y, por tanto, el derecho a algún tipo de ayuda (teleasistencia, ayuda a domicilio, atención residencial, prestaciones económicas para cuidados familiares, etc.), pero están todavía en lista de espera para recibir esa ayuda. Se estima además que alrededor del 10 por ciento de ellos morirá sin haber llegado a recibir la citada ayuda.

El drama de las listas de espera en dependencia no es nuevo, pero parece claro que no termina de arreglarse y la bolsa de pacientes que sufre ndemoras está en niveles muy semejantes a los 315.000 personas que alcanzó al inicio de los recortes de prestaciones y derechos en 2011.

Evolución de las demoras

Excusados los dos primeros años reales de implantación del sistema, 2008 y 2009, las listas de espera afectaron al 27,1 por ciento de los dependientes en 2010, llegaron hasta el 30,6 por ciento en 2011, bajaron sólo a fuerza de dejar en suspenso legalmente el derecho a recibir ayudas de buena parte del colectivo entre 2012 y 2015 y volvieron a dispararse en cuanto se recuperaron los derechos a asistencia en 2016, cuando alcanzaron el 31 por ciento del total de dependientes reconocidos.

Los nuevos datos, a cierre del primer semestre de 2018, suponen un pequeño descenso porcentual de la lista de espera, que habría pasado de afectar al 26,2 por ciento de los dependientes en 2017 al 22,7 por ciento a junio de 2018, pero mantienen las cifras en el entorno de las 300.000 personas. Esta situación de las listas de espera es muy desigual entre autonomías.

En algunas comunidades como en Cataluña o Canarias casi el 35 por ciento de los dependientes sufren demoras, mientras que en otras comunidades como Casilla y León, las demoras afectan a sólo el 1 por ciento de los dependientes reconocidos, pese a que esta autonomía, además, tiene un porcentaje de población dependiente sobre su población total mucho más elevado, fruto de su mayor envejecimiento.

Dicho en plata: algunas autonomías se están esforzando considerablemente más que otras en atender a los dependientes y reducir las listas de espera.
Este desigual esfuerzo se ve aún más claro cuando se observa el detalle de las cifras sobre expedientes de dependencia sin resolver. Esto es, las personas cuya solicitud de valoración de dependencia ni siquiera se ha estudiado. En el caso de Canarias, por ejemplo, un 26 por ciento de las solicitudes presentadas están todavía en un cajón a la espera de valorarse, frente a sólo un 0,1 por ciento que sufre este problema en el caso de autonomías como Madrid.

Es decir, la lista de espera real de algunas autonomías como Canarias sería muy superior a la que plantean las cifras oficiales, porque a los dependientes que sufren demoras en la recepción de las ayudas que se les ha reconocido que precisan habría que sumar los dependientes potenciales; es decir los que no han conseguido siquiera que la administración tramite su solicitud para valorar si son dependientes o no.

Solicitudes sin valorar

La cuestión no es baladí. Siguiendo con el ejemplo canario, la autonomía está prestando ayuda realmente a 20.097 personas pero tiene reconocido el derecho y aún no ayuda a otras 10.358 personas más y tiene aún guardados en un cajón otros 12.703 expedientes. Si se tiene en cuenta que en Canarias aproximadamente el 85 por ciento de los que solicitan una evaluación del grado de dependencia acaban reconociéndoselo significa que, incluso con el cálculo más tosco, la mitad de los dependientes canarios estaría en una suerte de limbo, sin ayuda alguna.

Este problema afecta de forma importante también a otras autonomías como Aragón, con un 15 por ciento de expedientes en los cajones, Valencia (13 por ciento) y Extremadura (12 por ciento).

En conjunto, habría en España 131.040 personas a la espera de una valoración de su solicitud y susceptibles, por tanto, de engrosar la lista de las 289.097 con grado de dependencia ya reconocido pero a la espera de ayudas.Es decir, la lista de los que sufren demoras podría ser un 45 por ciento superior a lo que se desprende de las cifras oficiales.

Del detalle de las nuevas cifras ministeriales sorprende también el desigual comportamiento de las valoraciones de los dependientes entre autonomías, con comunidades como Extremadura, Madrid o La Rioja, donde más del 25 por ciento de las solicitudes de dependencia se resuelven con una negativa a conceder ayuda alguna frente a sólo un 10 por ciento de los casos en los que esto ocurre en otras comunidades como Murcia, o alrededor de un 15 por ciento enCanarias o Aragón. Una desigualdad que podría estar reflejando directrices desiguales en la valoración de los dependientes.

Por otra parte, las nuevas cifras ministeriales trazan el perfil del dependiente que está recibiendo ayudas. Se trata en un 65 por ciento de casos de mujeres y está protagonizado por los mayores de 80 años, que representan el 54 por ciento del total de dependientes. Con todo, dependencia y envejecimiento están lejos de ser sinónimos: uno de cada cuatro dependientes es menor de 65 años.

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