El ‘caso i-Dental’ saca los colores a regulaciones del sector

El caso de i-Dental está cerca de convertirse en la madre de todos los fraude odontológico que han salpicado España. Así se desprende de la conversación mantenida con Oscar Castro Reino, presidente del Consejo de Colegios de Odontólogos y Estomatólogos, que conoce bien el modus operandis de estas clínicas.

“Tengo pendiente una demanda que me presentó la clínica de Murcia, cuando desde la junta directiva del Colegio de Odontólogos de esta comunidad, decidimos suspender de colegiación al director médico del centro. La reacción de i-Dental fue presentarme una demanda como presidente del colegio. Nunca pude hablar con el médico, porque son los abogados de la red los que actúan de intermediarios”, apunta Castro Reino.
Su caso no es el único. En el Colegio de Odontólogos de Madrid también tienen una demanda por la suspensión de colegiación de un facultativo de estos centros. Con estas historias, el presidente de los odontólogos quiere dejar claro que desde los colegios profesionales se ha velado porque se actuara acorde con la deontología médica y “cuando hemos detectado que no se estaba respetando esos criterios, hemos actuado”.

“Ahora son los políticos, las administraciones y el Ministerio de Sanidad los que nos buscan”

Afirma que, ya en 2015, al recibir las primeras reclamaciones de estas clínicas, se reunieron con políticos de todos los signos, con las administraciones sanitarias autonómicas y con el Ministerio de Sanidad. “Sus respuestas fueron que no se estaba cometiendo ninguna ilegalidad”. Dos años después, han cambiado las tornas: “Ahora son los políticos, las administraciones y el Ministerio de Sanidad los que nos buscan”.

 

Luisa Carcedo, ministra de Sanidad, confirmó estos contactos el 9 de octubre en el Pleno del Senado. Carcedo respondió a una pregunta de la coalición política Podemos sobre las medidas previstas por el Gobierno para atender a los afectados por el cierre de las clínicas de i-Dental. Carcedo reconoció la dimensión del problema: “Esto ha sido una estafa a gran escala, consecuencia de haber convertido la sanidad en un negocio, en un negocio extractivo que es lo que pretendían estas clínicas”. Y luego ordenó los niveles de actuación: “Debemos, en primer lugar, evitar la publicidad engañosa que lleve a equívocos y capte para uso fraudulento a pacientes. En eso estamos trabajando”.

También aclaró que: “Desde el punto de vista sanitario, la competencia es de las comunidades autónomas, pero nos hemos puesto en contacto con el Consejo General de Odontólogos para que coordine acuerdos en los colegios profesionales de las comunidades autónomas para establecer relaciones bilaterales que permitan diagnosticar el alcance de las lesiones y atender a los pacientes”.

“Esto ha sido una estafa a gran escala, consecuencia de haber convertido la sanidad en un negocio extractivo”

Desde el Ministerio de Sanidad han confirmado que están trabajando en reformar el Real Decreto 1907/1996, de 2 de agosto, sobre Publicidad y Promoción Comercial de Productos, Actividades o Servicios con Pretendida Finalidad Sanitaria, para “establecer límites y prohibiciones”. Alberto Cañizares, abogado del Despacho Cañizares Abogados de Alicante, que lleva pleitos de la Plataforma de Afectados de i-Dental, reconoce que la publicidad engañosa ha llamado la atención de otros países europeos, porque esto es impensable que ocurra en Italia o Francia con regulaciones más estrictas en este campo.

Pero no es solo ese decreto el que habría que revisar. A juicio de Castro, la aparición de este tipo de clínicas está amparada en que “no se cumple con la Ley de Sociedades Profesionales, que obliga a que la propiedad de estas firmas sanitarias esté en un 51 por ciento en manos de los profesionales sanitarios”. Sin esa titularidad, apunta que “su actuación se encuentra fuera del control de los colegios profesionales”. Por otro lado, el odontólogo reconoce la necesidad de “ampliar la cartera de servicios para incluir los tratamientos de odontología a los más desfavorecidos, niños, mayores y discapacitados”. Porque “el perfil del paciente defraudado por esta cadena es de clase media baja, que podía pagar unos 100 euros al mes, pero que ahora se ha quedado sin boca y sin dinero”.

María Luisa Carcedo, ministra de Sanidad

María Luisa Carcedo, ministra de Sanidad, en la entrevista con DM.

Otra posibilidad: la de “ordenar partidas presupuestarias de emergencia y medios sanitarios públicos para finalizar los tratamientos”, lo apuntó la senadora Concepción Palencia, de Podemos, en la sesión del Senado. Pero, Carcedo no se pronunció.

Para entender el fraude de i-Dental hay que partir de reconocer que el servicio sanitario que ofertaban era un mero instrumento para cobrar los créditos que pedían los pacientes a los bancos y que estaban asociados a la contratación de esos tratamientos odontológicos. Una vez recibían el dinero, el tratamiento se dilataba. Todo esto operaba mediante una compleja red de clínicas, que han ido cerrando.

En septiembre se declaró en concurso voluntario de acreedores de Dental Global Management S.L, empresa matriz del entramado empresarial de i-Dental. El pasado 10 de octubre la Udef, de la Policía Nacional, lanzó una operación contra los administradores de la red por haberse quedado, presuntamente con los activos de la firma, y detuvieron al cabecilla, Luis Sans.

 

El punto de partida es la historia clínica 

Este proceso acaba de empezar. La plataforma de afectados de i-Dental creada en mayo por la abogada Belén Gara superó todas las expectativas, alcanzando las 10.000 entradas mensuales a la web. Funciona asesorando a los pacientes con ayuda del también abogado Alberto Cañizares. Su primer éxito: han encontrado el resquicio legal para que los pacientes suspendan los pagos de los créditos a los bancos, al estar estos contratos asociados al de la prestación odontológica (Ley 16/2011 de Contratos de Crédito al Consumo).
Aún así, Cañizares reconoce que este asunto tiene muchas variables y no todos los casos son iguales. Para empezar, el juez José de la Mata ha encontrado motivos para centralizar la causa penal en la Audiencia Nacional, por “el amplio espectro de afectados, la gran transcendencia económica, la complejidad de la instrucción, la gravedad…”. Los potenciales afectados son 400.000 pacientes y la Audiencia ha ordenando la recogida de las historias clínicas.
“Para cualquier reclamación, el paciente necesita la historia clínica”, dice Cañizares. Y añade: “He visto a personas con tornillos en la boca, que habían perdido 15 kilos, porque no podían comer. Verdaderas atrocidades. Cualquiera de los afectados por i-Dental necesita un abogado, pero también un dentista”.

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