El derecho a la sanidad universal necesita ya su reglamento

El derecho a la sanidad universal en España no existe. Así lo denunciaron varios colectivos el pasado mes de julio, cuando se cumplió un año de la aprobación del RD-Ley 7/2018, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud -la norma que el Gobierno de Sánchez anunció como el regreso a la universalización de este derecho- y ahora lo vuelve a hacer el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán.

El Defensor ha difundido un comunicado en el que recoge una lista de recomendaciones para el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas de Galicia y Madrid, de donde la institución ha recibido varias quejas de personas a las que se les ha negado la atención médica. El punto de partida de esta Institución es que hay un derecho a la protección a la salud en España que impone unos deberes al Sistema Nacional de Salud y estos son “dar cobertura a todas las situaciones en las que haya un riesgo para la vida e integridad física de las personas”.

¿Hay sanidad universal al cumplirse un año del decreto de acceso universal de Pedro Sánchez?

El año pasado hubo más de 1.300 personas que denunciaron ante distintas organizaciones sociales que no se estaba respetando su derecho a la asistencia sanitaria pública. Entre ellos se encontraban 55 mujeres embarazadas, 116 menores de edad y 44 solicitantes de asilo. Con patologías variadas que van desde pacientes oncológicos, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, enfermos de VIH y patologías psiquiátricas. Los datos son de las organizaciones Yo Sí, Sanidad Universal, la Red de Denuncia y Resistencia al RDL16/2012 (REDER) y Amnistía Internacional,

En resumen pide a estas comunidades que garanticen que “las personas en situación de estancia temporal por extranjería y en circunstancias excepcionales de necesidad y vulnerabilidad social, puedan acceder a la atención sanitaria gratuita”. Es decir, algo que ahora no está garantizado.

Esta situación, la vivida en Galicia y Madrid, es en buena parte debido a que el RD-Ley 7/2018 no ha sido acompañado por una norma reglamentaria que, como pide el Defensor, “desarrolle un procedimiento definitivo para el reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria”. De este modo, cada comunidad autónoma ha interpretado el real decreto a su manera. A esta situación se refiere Fernández Marugán al señalar en su nota que, aunque con la citada norma se “amplió la cobertura de la asistencia sanitaria a las personas extranjeras en situación irregular […] lo hizo de forma incompleta”.

Por ejemplo, no tienen garantizada esta atención los extranjeros que residen en España en virtud de su vinculación familiar con un ciudadano español o comunitario, como tampoco la tienen extranjeros en situación irregular, siendo especialmente vulnerables los casos de mujeres embarazadas, menores, o enfermos crónicos.

El citado real decreto no es claro en este punto y queda a criterio de cada autonomía. Por este motivo, la Institución reclama al Ministerio que “impulsar los cambios necesarios en la Ley de Cohesión y Calidad” para que estas personas en especial situación de vulnerabilidad puedan acceder a la atención sanitaria. Aunque, Marugán también dice que “en su opinión” la ley sí reconoce el derecho a la atención a esos colectivos más vulnerables.

Sobre los extranjeros que vienen a España por agrupamiento familiar, el Defensor considera que algunos son de edad avanzada, que no desarrollan actividades laborales o lucrativas y que se les presume una capacidad para atender a sus necesidades sanitarias que no siempre es real y, en ocasiones, se encuentran con muchas dificultades para suscribir una póliza sanitaria.

El Defensor del Pueblo, por tanto, ha recomendado hacer más asequible la suscripción del convenio público de asistencia sanitaria con los servicios de salud, que regula el Real Decreto 576/2013. Proponer para ello una flexibilización de los requisitos de acceso a ese convenio, exigiéndose menos de un año de residencia y disminuyendo la cuantía mensual a abonar para los mayores de 65 años, podría dar respuesta a este problema.

Galicia y Madrid

El Defensor ha enviado recomendaciones específicas a las consejerías de Sanidad de Galicia y Madrid, de donde ha recibido “esas quejas” por una interpretación especialmente restrictiva de la norma.

La Institución ha recomendado a las correspondientes consejerías “que garanticen la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos a aquellas personas en situación de estancia temporal cuando se acredite unas circunstancias graves de necesidad y vulnerabilidad social”.

 

La Comunidad de Madrid, según apunta “Yo sí, sanidad universal”

Este colectivo denuncia la situación de exclusión sanitaria que reconoce existe en todas las comunidades autónomas en mayor o menor grado, porque muchas veces depende del centro donde solicite la atención, con respuestas diferentes incluso dentreo de la misma comunidad autónoma.

En relación a la Comunidad de Madrid, admite que “diariamente se encuentran con la exclusión de todas las personas que no pueden probar 90 días residiendo aquí, sin que se acepte la vía del informe social que recoge la ley, y sin hacer ninguna excepción para menores, embarazadas y personas con enfermedades graves. Estos incumplimientos son ilegales a pesar de que todavía no exista un reglamento: la ausencia de desarrollo reglamentario en ningún caso puede significar la suspensión de derechos”.

Además, les pide que presten una información completa y adecuada a todos los ciudadanos, y en especial a los extranjeros, que solicitan asistencia sanitaria gratuita en los centros de salud. Así, aboga por la edición de materiales informativos en distintas lenguas.

A la Comunidad de Madrid le sugiere, que cuando no esté disponible el certificado o volante de empadronamiento para acreditar el tiempo de permanencia en España de una persona extranjera acepte otra documentación oficial para determinar si la persona afectada se encuentra en situación de estancia temporal o de residencia irregular.

A esta misma comunidad autónoma, el Defensor también le ha recomendado que, para el caso de mujeres migrantes que puedan ser víctimas de explotación sexual o de trata de seres humanos, especialmente cuando requieran asistencia al embarazo, traslade instrucciones específicas a los centros sanitarios para que se les ofrezca una adecuada y completa información sobre sus derechos.

También apunta a quejar recientes de personas que todavía no han podido formalizar su solicitud de asilo, a la hora de acceder al Sistema Nacional de Salud, una situación generada por la saturación actual de los servicios administrativos que atienden a los solicitantes de protección internacional.

El Defensor, concluye reconociendo que es consciente de las limitaciones impuestas por la coyuntura parlamentaria, que impide una ordinaria tramitación de las iniciativas legislativas, así como la extensión del periodo de interinidad del Gobierno. “No obstante, considera que se trata de un tema que es preciso acometer con urgencia.

 

 

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