El médico se enfrenta a la eutanasia sin paliativos

Esta semana la eutanasia vuelve al Pleno del Congreso. Está previsto que en la sesión del jueves, 25 de octubre, los diputados voten la enmienda a la totalidad que el Partido Popular ha presentado contra la propuesta de ley de despenalización presentada por el grupo socialista.

Al cierre de esta edición, al partido conservador no le salían las cuentas para sacar adelante su enmienda. En la toma en consideración de la propuesta socialista, que se votó en el Congreso de los Diputados el pasado 26 de junio, el partido aliado de los conservadores, Ciudadanos, votó a favor de la despenalización y su portavoz de Sanidad, Francisco Igea, ha apuntado a DM su intención de mantener esa postura. Pero lo que sí ha conseguido la enmienda del partido de Casado es estirar la tramitación de la propuesta de los socialistas: “Ganar tiempo”, confesaban algunos. “Algo muy valioso en un Gobierno sin mayoría”.

El punto más polémico en la redacción inicial de la Ley de Garantías del paciente fue el que recoge la sedación como un derecho del paciente

Ese mismo tiempo es el que está necesitando el proyecto de Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona ante el Proceso Final de su Vida -la conocida como ley nacional de cuidados paliativos- para consensuar un texto que presentar a la Comisión de Sanidad y de ahí al Congreso.

Pero el grupo de diputados de la ponencia de esta iniciativa lleva debatiendo las enmiendas presentadas desde marzo de 2017. Está costando consensuar un único documento, pues hay temas con posturas muy dispares. Por ejemplo, la parte de la ley referente a las sanciones previstas por incumplimiento de la norma, que afecta a los profesionales sanitarios.
La lentitud que está acompañando la propuesta de Ciudadanos ha hecho que la ley de despenalización de la eutanasia le haya alcanzando y robado protagonismo en el debate parlamentario y social, ante el asombro de los representantes de la profesión médica.

Tanto el grupo de atención al final de la vida de la Organización Médica Colegial (OMC) como la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (Secpal) han estado asesorando al partido naranja en la elaboración de la citada Ley de Garantías. Los representantes sanitarios albergaban la esperanza de que la citada norma exigiera que los profesionales que atendieran a los pacientes en esa fase final contaran con una formación específica en paliativos. Pero eso no ha sido así, sin que por ello hayan negado el apoyo a la regulación. Cedieron en este punto, pensando en los beneficios asociados a contar con una ley de ámbito nacional -hay alrededor de 17 normas autonómicas sobre esta asistencia- que contemplara el derecho a unos cuidados paliativos de calidad. “Esta no es una ley para los médicos, es una ley para los pacientes”, es el argumento defendido por Igea para explicar por qué la norma no exige, de manera clara, una cualificación de los sanitarios.

Pero el punto más polémico en la redacción inicial del texto de Ciudadanos fue el que admite la sedación como un derecho del paciente, sin sujetarlo a la indicación facultativa. Algunos vieron aquí una puerta a la despenalización de la eutanasia y alertaron en este sentido. Entonces, en septiembre de 2017, Igea respondió a los médicos que se oponían a admitir la sedación como derecho: “Si queremos que la ley sea eficaz y no termine en un papel mojado, debe garantizarse el derecho a la sedación, como un derecho que pueda ejercer el paciente”. De otra manera, vaticinaba que se contribuiría “a alimentar el debate del suicidio asistido”.

En este contexto se entiende mejor el discurso pronunciado por el diputado naranja en el Pleno del Congreso, el día 26 de junio, cuando se aprobó la toma en consideración de la propuesta de despenalización socialista. Todo el grupo naranja apoyó la eutanasia, a pesar de un discurso en la tribuna del Congreso, en el que Igea defendió la necesidad de la ley de paliativos frente a la ley de eutanasia para conseguir el buen morir, con el que se estaba defendiendo la despenalización.

Pero si desde la política el apoyo a esta regulación admite cierta flexibilidad, como ha quedado demostrado, desde la Medicina, no. El Código Deontológico de la Organización Médica Colegial (OMC) niega la posibilidad de que el médico colabore en cualquier muerte y también se rechaza en el código de la Asociación Médica Mundial. Serafín Romero, presidente de la OMC, lo recordó la semana pasada en un encuentro organizado por la OMC y la Secpal, en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, para clarificar conceptos alrededor de la asistencia al enfermo en su fase final.

“La eutanasia va en contra de la profesión médica” y “nosotros lo que hemos apoyado es la ley nacional de paliativos de Ciudadanos”. Como representante de los médicos, Romero mantiene una postura oficial que afirma ser la mayoritaria dentro de la profesión. “En la última encuesta que hicimos a los representantes de los colegios en 2010, el resultado fue que más del 70 por ciento de los médicos estaban en contra de la despenalización y solo un 10 por ciento estaba dispuesto a darle esta asistencia al paciente y acompañarle hasta el final”.

La OMC volverá a preguntar a los representantes de la profesión sobre esta cuestión en la convención bianual que se celebra el próximo mes. Romero reconoce que no espera que los resultados de la encuesta difieran mucho de los de hace ocho años. Admite que puede haber médicos que de manera particular apoyen la eutanasia y también dice que este debate es fundamentalmente social.

Si la propuesta del PSOE sigue adelante, como todo parece indicar, la eutanasia se ofrecerá como una prestación dentro del sistema nacional de sanidad, de manera que, como aclara el diputado socialista Jesús María Fernández, “se deberá asegurar que los ciudadanos que lo soliciten tengan acceso a este servicio”. La iniciativa de regulación recoge que se necesitarán al menos tres médicos distintos para tramitar la petición, que puede resolverse en un mes. La propuesta admite la objeción de conciencia, un punto que celebra el presidente de la OMC y en el que reconoce la participación de su organización. Con estos datos, cabe preguntarse si habrá suficientes médicos para asegurar este servicio. Romero recuerda que esta misma cuestión se formuló en la aprobación de la ley del aborto de Zapatero, “que hoy se está cumpliendo sin problemas”.

La cara más seria y dura que la profesión médica muestra frente al debate de la eutanasia viene de los expertos en cuidados paliativos. Desde la Secpal llevan años peleándose con políticos de distintos signo para que se les reconozca como especialidad y para que esta asistencia esté asegurada en todo el territorio español.

Javier Rocafort es director médico del Hospital Centro de Cuidados Laguna, ex presidente de la Secpal y hasta hace un año coordinador de la Estrategia Nacional de Cuidados Paliativos. No quiere hablar de eutanasia; considera que no es el momento y lanza un mensaje claro: primero paliativos. Pero, ¿son incompatibles ambas leyes? Rocafort responde: “La eutanasia se ofrece como medida para que las personas no sufran. Si la autoridad sanitaria ofrece eutanasia, no te va a dar cuidados paliativos”.

En España falta mucho por hacer en la atención en paliativos. Más de 70.000 españoles -la quinta parte- mueren al año sin acceso a esta asistencia. Con este panorama, a los paliativistas les surge una duda más que razonable: si no está asegurado el acceso a los paliativos en todo el territorio español y la eutanasia está penada, ¿qué ocurrirá cuando se despenalice?

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