El Parlamento gallego aprueba 16 millones para primaria con una huelga en Vigo

La atención primaria gallega continúa en el punto de mira. La noche del lunes, la asamblea de médicos de Familia de Vigo, que fueron el germen de la revuelta desatada en los últimos meses en el primer nivel asistencial, decidió convocar una huelga la semana previa a las elecciones europeas y municipales.

Unas horas después, este martes por la mañana el Partido Popular (PP) hizo valer su mayoría absoluta para que el Parlamento gallego aprobase una Ley por el procedimiento exprés de lectura única que implicará un refuerzo para la atención primaria este año de 16 millones de euros correspondientes al superávit alcanzado en 2018. En total, la sanidad recibirá 22 millones en 2019. 

El consejero de Hacienda, Valeriano Martínez, ha señalado que esa cantidad se dedicará a la reordenación de la primaria en la que trabaja el Servicio Gallego de Salud (Sergas) para aplacar un conflicto que los profesionales llevaron al primer plano de la actividad política y al mismo tiempo hacer frente a los compromisos alcanzados con los sindicatos de la mesa sectorial y con los que consiguió desactivar la huelga que estaba convocada para el pasado mes de abril.

El nuevo modelo de atención primaria auspiciado por Sanidad preveía una inversión adicional de 17,3 millones de euros en los próximos dos años. Con este procedimiento, se invertirán 16,1 millones en 2019.  
El destino de este dinero, tal y como especifica el texto legal, será el aumento de plazas de personal de primaria la financiación de los nuevos contrato de continuidad, equipamientos, maquinaria y mobiliario de los centros de salud, el plan de reforma, ampliación y mejoras de los centros, equipamientos, maquinaria y mobiliario de centros de atención especializada y urgencias sanitarias 061. 

El objetivo de la Ley, por la que se concede un suplemento de crédito para actuaciones prioritarias en 2019, es reorientar hacia el gasto social el superávit generado en los presupuestos del 2018, por primera vez desde 2002, como ha destacado este martes Martínez. A tenor de los guarismos de la Xunta de Galicia, asciende a 125 millones de euros, cifra que rebaja a 104 millones el Ministerio de Sanidad; el consejero ha dicho que es así porque el Ministerio computa un gasto dos veces. 

La Xunta suma a esos 125 millones cinco más por el pago del interés de la deuda. La Ley aprobada hoy habilita el uso de parte de ese dinero: 48 millones este año y otros 48 en 2020. Los otros 34 millones se depositan en la Agencia Gallega de Infraestructuras. A Sanidad se dedicarán 22 millones, 16 de los cuales se disponen a través de esta Ley exprés y otros seis proceden de la Agencia de Infraestructuras.  

Otras partidas se dirigirán a la mejora de infraestructuras educativas, a residencias y centros de día, así como a la prevención de incendios forestales. 

La oposición votó en contra por considerar que el objetivo del Gobierno gallego es maquillar su gestión de cara a las próximas elecciones municipales y europeas del 26 de mayo “para poder recorrer Galicia vendiendo este proyecto y ayudar a sus candidatos”, según las palabras del portavoz socialista, Xoaquín Fernández Leiceaga. 

Huelga sin sindicatos y la semana de las elecciones 

Por su parte, los médicos de familia de Vigo siguen adelante con sus planes e irán a la huelga los días 21 y 22 de mayo, justo la semana de las elecciones del 26 de este mes, y casi coincidiendo con las elecciones sindicales en el Sergas, que serán el día 23. El paro recibió el apoyo de una amplia mayoría: 147 profesionales votaron a favor, 12 en contra y dos en blanco. 

La huelga se prepara sin contar con los sindicatos, ya que este grupo de profesionales fue muy crítico con la desconvocatoria de la huelga prevista para el mes pasado. Las reivindicaciones son la dimisión del gerente del área sanitaria de Vigo, Félix Rubial, al que estos galenos no consideran un interlocutor válido; que se establezca un número máximo de citas por jornada, que cada consulta dure como mínimo diez minutos, que los médicos de Familia puedan derivar al paciente a una consulta presencial con el especialista del hospital, que se eliminen los buzones virtuales de citación y que tanto las citas como las pruebas tengan una demora máxima de 45 días. 

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