El Servicio Andaluz de Salud tiene un 26% menos de reclamaciones patrimoniales

El Servicio Andaluz de Salud ha informado de un descendiendo en los últimos años en el número de reclamaciones patrimoniales recibidas por malas praxis sanitarias, a pesar, según apunta a que se ha producido un aumento en la cartera de servicios y la población de la comunidad andaluza y, por tanto, el número de asistencias sanitarias realizadas. De este modo, apuntan que entre 2003 y 2017, el número de reclamaciones patrimoniales presentadas registró un descenso del 26,8%.

Solo el 2,34% de las reclamaciones interpuestas en 2018 fueron estimatorias totalmente 

De las reclamaciones resueltas en la vía administrativa en 2018, que fueron 726 en total, el 91,73% fueron desestimatorias, (el 2,34% se estimaron totalmente y el 5,92% de forma parcial). Las cuantías económicas indemnizadas en estos expedientes en la vía administrativa ascienden a 2.093.369 euros. Respecto a los expedientes resueltos en la vía judicial se indemnizaron 6.453.251,40 euros durante 2018.

Los expedientes resueltos en la vía judicial se indemnizaron 6.453.251,40 euros durante 2018

Como ya adelantó Diario Médico, el Servicio Andaluz de Salud está en periodo de licitación para la cobertura de la responsabilidad civil de los profesionales que trabajan en la sanidad pública de Andalucía, que son, según han informado desde la consejería de sanidad, 100.000 trabajadores. Además, esta semana se ha conocido una dura sentencia, la mayor hasta la fecha en cuanto a indemnización reconocida por mala praxis, con el SAS como protagonista. El fallo litiga directamente contra la aseguradora de la Administración sanitaria, que era Zurich cuando ocurrieron los hecho que se reclaman (ver apoyo). En este sentido, conocer el descenso de las reclamación por estos conceptos, da la perspectiva necesaria para entender el alcance de este tipo de sucesos. 

Un duro golpe para la aseguradora del SAS 

Un juzgado de Madrid ha condenado a Zurich a indemnizar a una familia con una hija que sufre una grave parálisis cerebral, derivada de una mala atención en el parto. La condena que confirma la jueza del caso es de 4,2 millones de euros, incluido los intereses del artículo 20 de la LCS. Sin embargo, la aseguradora solo pagará 1,7 millones, que es límite fijado en la póliza firmada con el SAS por siniestro y, además, del alrededor de millón de euros de los intereses. El resto está pendiente de reclamarse en vía contenciosa-administrativa. 

AIG es la firma con la que el SAS tiene el contrato de cobertura de la RC sanitaria hasta ahora y que expira el próximo 13 de junio. AIG, que ha anunciado su salida de este mercado asegurador español, contaba con una póliza de 6 millones de euros y una franquicia de 25.000 euros. Las condiciones del nuevo contrato han mejorado. La prima es de 12,7 millones de euros anuales y la franquicia de 55.000 euros. A pesar de este incremento exponencial de la prima y también de la franquicia, al concurso solo se ha presentado la compañía francesa SHAM. 

En este sentido, desde la Administración sanitaria andaluza quieren tranquilizar a sus trabajadores asegurándoles que estarán siempre cubiertos, aunque la adjudicación final a la nueva compañía se demore más allá de la fecha de vencimiento del contrato anterior, pues “la nueva compañía que se contrate cubrirá el aseguramiento desde el día 13 de junio independientemente de cuándo se formalice la contratación”.   

Además, apuntan que el nuevo contrato admite la posibilidad de una prórroga por mutuo acuerdo de las partes, por periodos anuales sin que la duración total del contrato, incluidas las prórrogas, exceda de los seis años.

¿A qué profesionales cubre este seguro de la Administración? El SAS responde con detalle: “Al personal directivo, funcionario, estatutario, laboral, así como al personal en formación o en prácticas, el acogido a medidas de fomento al empleo, además de los relacionados con empresas de trabajo temporal, y, en general, cualquier otro dependiente en el ejercicio de sus actividades por cuenta del SAS, siempre que preste sus servicios en los centros, dependencias y establecimientos propios del SAS o administrados por el mismo, y en los servicios que el SAS presta mediando desplazamiento, y sean remunerados por cuenta del mismo. También tendrán condición de asegurados los trabajadores de los centros y de los servicios concertados por el Servicio Andaluz de Salud”.

Además, la póliza da cobertura a las consecuencias económicas derivadas de la responsabilidad profesional sanitaria o no sanitaria que durante la vigencia del contrato pudiera corresponder directa, solidaria o subsidiariamente al asegurado por daños corporales o materiales y perjuicios económicos consecutivos, causados por acción u omisión a terceros en el ejercicio de sus actividades por cuenta y para el SAS. También estarán cubiertas las reclamaciones por un procedimiento distinto al de responsabilidad patrimonial previsto en la actual Ley 39/2015, de 1 de octubre, o en una jurisdicción distinta de la contencioso-administrativa.

 

 

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