España necesita un organismo nacional único que garantice la salud pública

Editorial
manuelbustelo
Covid-19
La grave crisis de Covid-19 es una oportunidad para desarrollar y dotar convenientemente la salud pública nacional.
La grave crisis de Covid-19 es una oportunidad para desarrollar y dotar convenientemente la salud pública nacional.

El traspaso de las competencias sanitarias del Gobierno central a las comunidades autónomas, tras estructurar el país como un Estado Autonómico, descentralizado políticamente, supuso un importante incremento y mejora de los servicios y recursos asistenciales, especialmente en territorios históricamente deficitarios.

Pero en algunos ámbitos esa descentralización tuvo como resultado difuminar competencias tan relevantes, como estamos viendo ahora con la pandemia de Covid-19, como las de salud pública, un ámbito en el que las amenazas no entienden de fronteras dentro de España ni fuera de ella.

El  artículo  43  de  la  Constitución  Española reconoce el derecho a la protección de la salud y establece que compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios; y la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, recoge como uno de los principios generales, en su artículo 3, que el sistema sanitario se oriente prioritariamente hacia la prevención y la promoción de la salud.

Desarrollo escaso y desigual

No obstante, asegurar un buen estado de salud mediante la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud, ha tenido hasta ahora un desarrollo escaso y desigual en el Sistema Nacional de Salud. La Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, aún está en buena parte pendiente de aplicar y de desarrollar normativamente a pesar de la trascendencia del asunto que aborda.

Basta ver cómo se ha configurado en cada autonomía esta área (direcciones generales separadas de las áreas asistenciales, competencias repartidas entre diferentes consejerías...) y su heterogéneo desarrollo en las administraciones locales (diputaciones, ayuntamientos), que en sus políticas pueden y tienen que hacer mucho al respecto (conductas y colectivos de riesgo, consumo, urbanismo, medio ambiente, accesibilidad…).

La ley de salud pública de 2011 está en buena parte pendiente de aplicar y desarrollar

Crisis sanitarias graves como el SARS, el Ébola, la gripe aviar, la porcina (gripe A) o el MERS ya permitieron ver el atraso en materia de salud pública en España, que presume de un magnífico sistema sanitario, lo cual es cierto, pero en la atención a la enfermedad, no en su prevención y promoción de la salud, cuestiones estas que tienen un gran peso en la reducción de la morbilidad y la mortalidad.

La grave crisis de Covid-19 es una oportunidad para desarrollar y dotar convenientemente la salud pública nacional y de crear un auténtico Sistema Integrado de Atención y Salud Pública en el que el ministerio y el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, a través de su Comisión de Salud Pública, tengan mayor capacidad, fuerza e interés del que han demostrado hasta ahora.

Hay que crear un auténtico sistema integrado de atención y salud pública en España

Una crisis de salud pública como la presente no podría abordarse de manera atomizada en pueblos, ciudades y comunidades autónomas. El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el Estado de Alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 reza así: “Las circunstancias extraordinarias que concurren constituyen, sin duda, una crisis sanitaria sin precedentes y de enorme magnitud tanto por el muy elevado número de ciudadanos afectados como por el extraordinario riesgo para sus derechos. (...) En este marco, las medidas previstas en la presente norma se encuadran en la acción decidida del Gobierno para proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública. Las medidas temporales de carácter extraordinario que ya se han adoptado por todos los niveles de gobierno deben ahora intensificarse sin demora para prevenir y contener el virus y mitigar el impacto sanitario, social y económico”.

Un punto y aparte

El Estado de Alarma y sus medidas, como la centralización de las decisiones sobre la gestión de la pandemia (que no la gestión de los recursos asistenciales en cada región, que sigue en manos de los gobiernos autonómicos), es temporal pero tiene que suponer un punto y aparte en la salud pública nacional. 

El estado de alarma es temporal pero tiene que suponer un punto y aparte en la salud pública

Como bien manifiesta la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas), “la pandemia, como todas las situaciones de crisis, está poniendo en valor a los verdaderos protagonistas de la misma: la salud pública, las trabajadoras de las residencias, los servicios esenciales, etc. La opinión pública está siendo consciente de su importancia”.

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