La presunción de inocencia en el ámbito de la responsabilidad penal

Para que exista una condena penal la acusación debe presentar prueba suficiente e inequívoca respecto a la culpabilidad, no planteando duda alguna al juzgador. De lo contrario, debe primar el principio de presunción de inocencia recogido en la Constitución Española.
En Derecho Penal existe un desplazamiento de la carga de la prueba a las partes acusadoras, a quienes incumbe exclusivamente probar los hechos constitutivos de la pretensión.
En cuanto al médico forense, conviene aclarar que no es especialista en la materia. Por ello, es absolutamente imprescindible aportar un informe pericial de un especialista en Ginecología que avale la actuación médica.

Según la jurisprudencia, la obligación del facultativo es la de poner todos los medios a su alcance para intentar salvaguardar la integridad física del paciente. Es obligación del médico realizar todas las pruebas diagnósticas necesarias, atendiendo al estado de la ciencia médica en ese momento.

La obligación en este caso queda reducida a la utilización de los medios que tiene a su alcance, siendo la pulsioximetría una técnica aprobada por la SEGO para el control fetal. Conviene incidir que toda condena penal debe ir precedida de actividad probatoria válida e incriminatoria impidiendo que se produzca la condena sin pruebas, con base en inferencias, sospechas o suposiciones que se aparten de las reglas de la lógica, los principios de la experiencia y los conocimientos científicos.

En definitiva, para condenar tendría que quedar suficientemente acreditado que a la paciente no se le proporcionaron todos los medios al alcance para evitar el fatal desenlace.

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