La talidomida regresa a los tribunales y pide 400 millones al Estado

Los afectados por la talidomida en España envejecen. La batalla por conseguir unas indemnizaciones dignas, en la que llevan enzarzados casi una década, ha hecho mella en su delicada salud. Solo así se puede entender que vuelvan otra vez a los tribunales, de donde salieron hace casi cuatro años con las manos vacías.

El pasado 15 julio, 274 afectados de la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (Avite) presentaron ante la Audiencia Nacional un anuncio de recurso contencioso-administrativo contra el Estado. Seis meses antes, Avite inició la reclamación en vía administrativa y se puso a esperar, como exige el procedimiento. El medio año transcurrido sin respuesta ha habilitado a este colectivo a acudir a la justicia ordinaria. Ahora, la Audiencia Nacional le dará trámite a la reclamación e Ignacio Martínez, abogado de Avite, elaborará la demanda, “que espero esté lista en otoño”, asegura.

Piden 390.540.000 euros al Estado en concepto de indemnización a los 274 afectados que, en un primer momento, se han personado en la demanda. Pero en los pocos días transcurridos desde la presentación del anuncio de recurso, ya se han unido nueve personas más, lo que elevará la cifra solicitada hasta los 400 millones de euros. Pero, ¿de dónde sale esa cantidad? Martínez explica que han multiplicado 24.000 euros por cada punto de discapacidad que tienen los afectados.

14/10/13, Madrid. Juicio por la Talidomida, contra la farmaceutica alemana Grunenthal, en el que 180 afectados piden una pension vitalicia como la que cobran los alemanes desde 1971. En la imagen, algunos de los afectados a la salida del juicio. / © foto: Alberto Di Lolli

Entienden que los primeros 12.000 euros debe afrontarlos el Estado y los otros 12.000, la farmacéutica Grünenthal, porque así se lo debe exigir el Gobierno, en cumplimiento de lo que recoge la Ley de Presupuestos de 2018, y según argumentan desde la asociación. En este caso, Avite recurre solo al Estado.

La cantidad que reclaman resulta de multiplicar 24.000 euros por cada punto porcentual de discapacidad de los 274 primeros recurrentes

Contra la farmacéutica Grünenthal ya emprendió este camino y perdió. De ahí que sorprenda esta vuelta a los tribunales. En su batalla contra la multinacional alemana, Avite obtuvo una primera resolución a favor. El Juzgado de Primera Instancia número 90 de Madrid admitió indemnizar a los afectados con 20.000 euros por cada punto porcentual de discapacidad, además de reconocer la “actuación culposa” de la farmacéutica por no haber tomado las medidas necesarias para comprobar la seguridad del producto. Entonces se calculó que los afectados cobrarían entre 660.000 y 1.980.000 euros. El número calculado, a falta de ningún dato oficial, superaría las 200 personas.

Este éxito judicial se evaporó rápidamente: la Audiencia Provincial de Madrid revocó esa sentencia porque la acción había prescrito y la Sala Civil del Supremo confirmó el fallo, dando carpetazo al asunto por el camino de la justicia ordinaria.

El Comité Científico-Técnico de la Talidomida no ha reconocido a ningún afectado y se constituyó en noviembre de 2017

Pero no se rindieron y acudieron al Tribunal Constitucional, que no admitió el recurso de amparo, y al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que tampoco les dio la razón. Entonces era 2017 y la vía política empezaba a dar sus frutos o eso parecía. Al margen de las indemnizaciones que se reconocieron en virtud de una norma de 2010, que no satisfizo a los afectados, el 26 de noviembre de 2016 el Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de Ley para indemnizar a las víctimas de la talidomida en España. Un año después, el 8 de noviembre de 2017 el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud acordó crear el Comité Científico-Técnico de la talidomida. Se empezó así a avanzar en el reconocimiento de los afectados.

El Instituto de Salud Carlos III elaboró un protocolo que recoge el procedimiento para reconocer a los afectados y habilitó una web donde empezaron a inscribirse las presuntas víctimas del fármaco. En marzo de 2019, había 546 registrados y 497 estaban siendo evaluados por las comunidades autónomas.

El objetivo es saber si las secuelas que denuncian proceden de la talidomida consumida por sus madres durante la gestación. La evaluación de los afectados realmente es doble: por un lado, están las autonomías, pero, al final, es el Comité Científico-Técnico de la Talidomida el que determina. A fecha de hoy, no tienen reconocido ningún afectado de la talidomida. Esta es una de las quejas de Avite, y que les mantiene “consumidos en la espera”.

Avite pide al Gobierno que recaben la colaboración económica de Grünenthal para paliar el daño, en cumplimiento de la ley de presupuestos

Las autonomías sí han hecho su trabajo, analizando a los afectados según el protocolo. Con diferencias importantes. Cataluña ha admitido como afectados por el fármaco solo al 5% de las personas que han reclamado serlo. Mientras, La Rioja lo ha hecho con el cien por cien. En ese caso, ¿qué tendrá que hacer el Comité Científico-Técnico? Debe volver sobre los reclamantes y dar su opinión, que puede coincidir con el diagnóstico autonómico o no. Un problema que, por ahora, no se ha dado. El movimiento más sonado de este grupo de expertos ha sido la dimisión del forense Francisco Javier García Mora por decisión personal, según fuentes del Ministerio de Sanidad.

Fechas destacada

Agosto de 2010
Se promulgó el Real Decreto 1006/2010 que reconoció a los afectados, solo nacidos entre 1960 y 1965, cuando la comercialización del fármaco en España fue de 1957 a 1973.

Noviembre de 2013
El Juzgado de Primera Instancia número 90 de Madrid resuelve a favor de los afectados por la talidomida.

Septiembre de 2015
La Sala Civil del Tribunal Supremo confirma la prescripción de la acción y, por tanto, deja a los afectados sin indemnización.

Noviembre de 2016
Aprobada la PNL presentada por Ciudadanos sobre la protección de la personas afectadas por la talidomida.

Julio de 2016
El Tribunal Constitucional no admite el recurso de amparo.

Julio de 2017
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo rechaza la demanda de Avite contra el Estado.

Noviembre de 2017
El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud constituye el Comité Científico-Técnico para evaluar a las personas con secuelas por la talidomida a efectos de cobrar una indemnización.

Julio de 2018
Aprobada la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, en sus disposiciones adicionales recogen las compensaciones de las víctimas, con 20.000 euros por punto porcentual de discapacidad.

García Mora ha sido uno de los facultativos que antes empezó a reconocer a afectados por el citado fármaco y, de manera oficiosa, se apuntó que su salida del Comité podría estar relacionada con un posible conflicto de intereses. El forense era uno de los dos facultativos, entre los siete que componen el grupo, que figuraban a propuesta de Avite. El otro es Juan Antonio Ortega, director de la Unidad de Salud Medioambiental del Servicio de Pediatría del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, de Murcia.

Pero volviendo al tema central, la dotación económica para cumplir con esa voluntad de indemnizar a las víctimas se recogió en la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. Inicialmente admitía una compensación de, como máximo, 20 millones de euros. La cifra fue muy criticada por los afectados al calificarla de insuficiente.

El panorama político cambió, la moción de censura convirtió a los presupuesto de Mariano Rajoy en los presupuestos de Pedro Sánchez y los dejó pendientes de aprobación solo en el Senado, donde los populares tenían mayoría. Entonces, la talidomida fue empleada como un instrumento político, una vez más, y todos los grupos, excepto el PSOE, aprobaron una disposición adicional que recogía una indemnización de 12.000 euros por cada uno de los puntos porcentuales de discapacidad reconocidos “a la persona afectada por los organismos competentes a la fecha de presentación de la solicitud de la ayuda”.

Además, la ley comprometía al “Gobierno de España a recabar de la compañía propietaria de la patente [es decir, de Grünenthal] y, en su caso, de aquellas que hubieran realizado la distribución del fármaco en España la colaboración económica necesaria para la reparación de las víctimas, así como el reconocimiento del daño causado”. Y… ¿para qué esa “colaboración”?, cabría preguntarse. Pues la ley lo explica: “Esa colaboración se destinará a incrementar proporcionalmente las cantidades reconocidas a las personas afectadas”. De ahí los 24.000 euros por punto de discapacidad que reclaman los afectados.

Pero la fiesta duró poco. Carmen Montón, recién llegada al Ministerio de Sanidad, advirtió que la citada enmienda era “un brindis al sol y una demagogia”. Dijo: ”Con el techo de gasto ya aprobado no se puede incluir una enmienda sin financiación”. El mensaje no cambió con María Luisa Carcedo ya al frente del ministerio, quien, sin embargo, dio un paso más e inició los trabajos para elaborar el Real Decreto de la Talidomida.

Entonces, desde la Asociación se encontraron con un escollo difícil de superar: el Gobierno quería que las indemnizaciones tributaran, lo que consideraban un agravio comparativo con otras compensaciones similares. Además, según cálculos de la asociación, esto dejaría las compensación a la mitad.

Pero esa no ha sido la única dificultad que han encontrado en el borrador del Real Decreto y que dejaron reflejadas en sus alegaciones. Avite culpa al ministerio de pretender rebajar lo establecido en la ley respecto del alcance de las ayudas alterando uno de los factores a multiplicar, a saber, los puntos de discapacidad de los afectados. Es decir, creen que mirarán con lupa las secuelas para rechazar cualquiera que sea secundaria a la principal. También quieren que el Real Decreto establezca los plazos para el reconocimiento oficial de afectados por el comité, “sin el cual todo es papel mojado”.

Desde que se aprobó la ley de presupuestos de 2018, Avite ha mantenido reuniones con representantes del Ministerio de Sanidad, del Imserso, del Instituto de Salud Carlos III y de Hacienda. De la batalla política han obtenido promesas, algunas en forma de ley, pero que juzgan insuficientes. Así que el plan B ha sido activado.

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