Navarra, la próxima en asumir las competencias de sanidad penitenciaria

La primera comunidad autónoma que recibió las transferencias en sanidad penitenciara fue el País Vasco, a la que siguió Cataluña, donde tienen el paquete completo, ya que Instituciones Penitenciarias depende del Gobierno de la Generalitat. La próxima autonómica que asuma esta competencia todo apunta que va a ser Navarra. Así lo aseguró Carmen Martínez Aznar, durante la jornada organizada por la Coordinadora Estatal de VIH y Sida (Cesida), celebrada hoy, 12 de marzo, en la sede de la Cruz Roja en Madrid. 

El médico penitenciario cobra 1.450 euros brutos mensuales menos

Sanidad Penitenciaria se queda sin médicos. “El cuerpo total de estos profesionales está formado por 491 plazas, de las que están vacantes 184. En 2018, se convocaron 16 plazas y se cubrieron 5; en 2017 se convocaron 17 plazas y se cubrieron 9 y este año hay convocadas 15 plazas y solo dos solicitudes presentadas”. Carmen Hoyos, coordinadora de sanidad penitenciaria de la OMC dio estos datos en su intervención, en la jornada de Cesida. La facultativa, médico de un penitenciario de Cáceres, aseguró que “un médico de atención penitenciaria cobra 1.450 euros brutos mensuales menos que su homólogo de Primaria. Esta falta de profesionales tiene su repercusión en la atención sanitaria que reciben las personas privada de libertad, “a los que no se están respetando su derecho a tener la misma atención médica que cualquier otro ciudadano”.  

Martínez Aznar detalló los aspectos técnicos en los que se había avanzado y puesto a trabajar de manera conjunta las dos administraciones, el Ministerio de Interior y la Consejería de Sanidad de Navarra. El modelo a aplicar pasa primero por poner en marcha “las telecomunicaciones, teleconsultas, historia clínica digital y farmacia”. En el caso de Navarra este primer momento ya estaría superado y se resumen en una atención al paciente privado de libertad integrada dentro del sistema sanitario autonómico, con acceso a su historia clínica tanto dentro de la prisión, por el médico penitenciario, como fuera. 

Alfredo Martínez Larrera, director de asistencia sanitaria del Paciente del Servicio Navarro de Salud-Osasumbidea, confirmó ese avanzado estado de las negociaciones con el Ministerio de Interior, y apuntó los dos aspectos que quedan pendientes y que “están fuera del ámbito de la sanidad, que son la parte económica, que con el tema del cupo hace que la negociación económica sea diferente, y la integración de los profesionales, que también tiene la singularidad de que los médicos navarros son funcionarios”.

En relación a la parte económica, Martínez Larrera puso sobre la mesa y confirmó lo que se ha ido escuchando como versión oficiosa y es que “Navarra está interesada no solo en la transferencia de la Sanidad, sino también en otras”. Entre esas otras se ha escuchado que podrían ser la de tráfico, sin que en la jornada se concretara nada.

Navarra, como apuntó el representante de la Consejería tiene “640.000 habitantes y un buen presupuesto sanitario, así que la situación no es comparable con otras comunidades”. Efectivamente, no lo es, pues al margen de la comunidad foral ninguna otra autonomía se encuentra en proceso de adquirir estas competencias. 

En este sentido, la responsable de Instituciones Penitenciarias presente en el acto, hizo un repaso por el resto de autonomías en relación a las negociaciones abiertas para la asunción de estas responsabilidades. Destacó el interés mostrado por Islas Baleares. Apuntó a Cantabria, donde el trabajo conjunto entre los médicos penitenciario y los dependientes del Servicio Cántabro de Salud ya es una realidad. En Canarias, “vamos a iniciar la telemedicina, historia clínica digital y farmacia…”. En Castilla-La Mancha “vamos a iniciar un centro piloto de coordinación en la asistencia”. Y el resto de comunidades en la misma línea de pocos avances, excepto en Aragón, Castilla y León y Murcia donde no se ha producido ningún encuentro sobre esta cuestión.

Las transferencias de la sanidad penitenciaria a los servicios sanitarios de salud de las comunidades autónomas este mandato legal recogido en la disposición adicional sexta de la Ley de Cohesión de 2003. La citada norma establecía un periodo de 18 meses para que estas responsabilidades dejaran corresponder al Ministerio de Interior para se asumidas por la autonomías. La obligación legal se ha ido atrasando, hasta llevar ya 15 años de demora. Durante este tiempo las condiciones de asistencia médica a la población reclusa han ido empeorando según reclamó, José Joaquín Basanta, presidente de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria y también puso de manifiesto Carmen Hoyos, vocal de Sanidad Penitenciaria de la OMC. 

 

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