Recelo a los servicios asistenciales de la botica a domicilio

El proyecto de Ley de Farmacia de Madrid ha despertado importantes recelos, especialmente de la profesión enfermera, por plantear servicios asistenciales de la botica a domicilio para facilitar el seguimiento, por ejemplo, de pacientes mayores.

El presidente del Consejo de Enfermería, Florentino Pérez, ha tildado este proyecto de ley de “intento de regularizar las pretensiones asistenciales que han venido históricamente reclamando las oficinas de farmacia para aumentar sus beneficios. Con ellas solo buscan aumentar sus ingresos que, aunque siguen siendo tremendamente rentables, se vieron en su día mermados”.

Las críticas de Enfermería se basan en que “los farmacéuticos no tienen formación reglada ni preparación ninguna para desempeñar ningún tipo de asistencia al paciente más allá de su competencia clarísima e indiscutible en materia de medicamentos”.

Por ello, “reconocerles una capacidad asistencial, además de ir contra la normativa básica del Estado, supondría estar poniendo en peligro a los pacientes. Es una privatización encubierta de la sanidad porque el objetivo es que los farmacéuticos puedan realizarles a los pacientes algunas de las actuaciones asistenciales que médicos y enfermeras de atención primaria han venido realizando desde hace 40 años”, dice Pérez.

Desde la farmacia, el presidente del Consejo General de Farmacéuticos, Jesús Aguilar, responde a parte de las críticas de Enfermería sobre los beneficios que reportarían a la botica los nuevos servicios asistenciales explicando que “por supuesto se deben retribuir los servicios, [que preste la farmacia] y así está siendo. Nos podemos remontar al ejemplo de la dispensación de metadona, un servicio que las farmacias llevan décadas realizando y cobrando. También se están retribuyendo servicios concretos en algunas comunidades autónomas, como los test rápidos de VIH”.

Ahorro para el SNS

“La clave -continúa Aguilar- es la eficiencia del gasto, y con los servicios farmacéuticos lo que estamos demostrando es que es eficiente esa retribución. Por ejemplo, en el caso del seguimiento farmacoterapéutico permitiría al sistema sanitario obtener unos ahorros de 2.272 millones de euros anuales de prestarse el servicio al universo de pacientes mayores, crónicos polimedicados. Un ahorro que vendría derivado de la reducción de los ingresos hospitalarios, que supondría una reducción de 1.629 millones de euros, de las de visitas a urgencias – 340 millones menos d e gasto – y de la disminución de los medicamentos, 303 millones de euros. El seguimiento farmacoterapéutico permite elevar la calidad de vida percibida en 6,74 puntos, lo que se estima generaría un beneficio asociado de 2.108 millones de euros (AVAC)”. De ahí que -insiste Aguilar- esté “sobradamente demostrado que el seguimiento farmacoterapéutico aporta eficacia al paciente y eficiencia al sistema”.

Sin negar la mayor, desde las sociedades médicas de atención primaria, Antonio Fernández-Pro, presidente de SEMG, afirma, sin embargo, que “no comparto el diseño de la atención farmacéutica que emana del proyecto de ley” madrileño.

Fernández-Pro, explica que “SEMG es una sociedad abierta al planteamiento de nuevas iniciativas, como en nuestro proyecto de atención a pacientes crónicos con Sociedad Española de Farmacia Comunitaria, que nos parece innovador y que contempla la participación de diferentes profesionales (médicos de Familia, farmacéuticos comunitarios y enfermeros), pero no compartimos el diseño de atención farmacéutica que emana del proyecto de ley. No pensamos que se trate del inicio de una privatización encubierta ni de invasión de competencias profesionales, pero sí la manifestación de la desconfianza hacia la atención primaria que comparten muchos políticos, que prefieren invertir el dinero público en hospitales o en oficinas de farmacia (pensar que estos profesionales van a desempeñar su labor de forma gratuita es bastante ingenuo) que en ella”.

Pese a no compartir el modelo madrileño Fernández-Pro tampoco parece estar de acuerdo con la tensión que ha despertado en Enfermería. “Nos llama la atención la respuesta tan agresiva de otros colectivos profesionales, cuando ellos han llevado a cabo hace poco tiempo planteamientos similares sobre competencias médicas y ante la más mínima referencia a sus reivindicaciones se han sentido ofendidos en extremo”.

Así, Fernández-Pro apela a un “debate razonable entre profesiones” sanitarias, en línea con las palabras también de José Luis Llisterri, presidente de Semergen. Para éste, hay que tener en cuenta que el proyecto de ley “está sin aprobar y no está claro que vaya a serlo. Aún estando de acuerdo con las líneas maestras de la ley de Madrid, asumiendo la importancia del papel de la farmacia en la revisión de la medicación crónica y el seguimiento farmacoterapéutico, la Consejería de Sanidad debería haber constituido un grupo de trabajo previo con participación de todos los agentes implicados para debatir y CONSENSUAR -así, en mayúsculas- las funciones específicas de cada profesional, especialmente en la atención domiciliaria. No se puede legislar a espaldas de parte de los colectivos afectados”.

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