Retirar al paciente del cupo médico, medida contra las agresiones

Recién salido de máquinas. Encarnación Santolaria, jefa de Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, de la Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública de la Comunidad de Valencia, presentó la semana pasada el Plan Integral de Prevención de las Agresiones en el Entorno Sanitario, para el periodo 2018-2021, con un punto de partida: “tolerancia cero”. 

Santolaria describió la estrategia dentro del II Congreso de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana, y ofreció las últimas cifras sobre agresiones a sanitarios, que corresponden a 2017, donde hubo 442 registradas, el 80 por ciento de ellas fueron verbales.

En 2017 hubo 442 agresiones registradas, el 80 por ciento verbales 

“La evolución de esas agresiones es una tendencia que va en aumento y es,  fundamentalmente, por las agresiones verbales, las físicas se mantienen. El aumento de las agresiones registradas se observa en todas las comunidades autónomas. Existen diferencias por categoría laborales: el mayor número lo registran los enfermeros y médicos; los celadores son lo que tienen más riesgo. La cifra más elevada de estos actos violentos se produce en atención especializada, aunque el mayor riesgo lo tiene el médico de Atención Primaria. Por otro lado, solo el diez por ciento denuncia haber sufrido una agresión“, destacó la profesional.

El plan de la Consejería pone su acento en la prevención. Teniendo en cuenta que “debemos combinar la protección a nuestros profesionales con los derechos de los pacientes. Es importante mejorar los procesos de comunicación e información a personas usuarias y el abordaje específico de determinados entornos como Atención Primaria, asistencia domiciliaria, transporte sanitario e inspectores de salud pública”.

El plan de la Consejería pone su acento en la prevención

La formación e información del profesional, también se contempla en el plan, para, entre otros objetivos, dejar claro que “las agresiones no forman parte del trabajo y es necesario formar en el desarrollo de habilidades de comunicación y en la resolución de conflictos”.

Pero, a pesar de la prevención y de la información, habrá y hay agresiones que se materialicen y sobre las que hay que actuar. Entonces, el plan contempla “dar una atención a las víctimas”, reconociendo que los efectos de estos actos violentos pueden ponerse de manifiesto tiempo después de suceder. Entonces, Santolaria apuntó que está previsto “ofertar a esta persona un seguimiento de su salud, se le ofrece asistencia jurídica por parte de la Consejería, apoyo institucional y rechazo institucional al agresor, mediante carta; una carta de apoyo al profesional“. 

Además, entre las medidas de actuación que describió la profesional, está la de “rechazo a la continuidad asistencial o movilidad por razón de violencia en el lugar del trabajo (medida última porque no debe desplazarse el trabajador)”. Sobre esta posibilidad de eliminar al paciente del cupo del médico al que ha agredido, Santolaria reconoció que es una medida que ya estaba en el anterior plan de la Consejería, pero que no se aplica. Sin embargo, apuntó que en este caso sí hay una atención e intención clara que tomar esta medida como posible. Una cuestión por la que también preguntaron representantes del colectivo sanitario asistentes al congreso. 

No existe una partida específica para la implantación de este plan, aunque cuenta con una “memoria económica”

Entre los asistentes también surgió la pregunta de la responsabilidad de la Consejería cuando el paciente destroza el coche de un sanitario. Santolaria no entró  a responder a esta cuestión tan específica, pero en la mesa siguiente, sobre seguros de responsabilidad patrimonial, Carmen Serrano, responsable de los servicios jurídicos de la Consejería, apuntó que el seguro de responsabilidad penal-civil de la Administración sanitaria incluía la cobertura de estos daño. 

Sí respondió Santolaria a la pregunta sobre la dotación económica del plan, asegurando que no existía una partida específica para la implantación de este plan, aunque contaba con una “memoria económica”, de la que no dio detalles.

En la misma mesa, María Isabel Moya, presidenta del Colegio de Médicos de Alicante, razonó la necesidad de “contar con sanciones administrativas que penalicen y sean ejemplarizantes de los casos que, sin tener una dimensión penal, deben ser penadas” Una cuestión que levantó mucho deba jurídico entre los abogados expertos presentes en la sala. .

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