Sanidad da el primer paso para que haya MIR de Medicina Legal y Forense

Casi cinco años después de que el extinto decreto de troncalidad decretase la desaparición de la especialidad de Escuela de Medicina Legal y Forense, el Ministerio de Sanidad ha dado el primer paso para recuperar la especialidad, en este caso por vía MIR. El departamento que preside María Luisa Carcedo ha sometido al preceptivo trámite de audiencia la elaboración de un proyecto de real decreto por el que se establece el acceso al título de Medicina Legal y Forense por el sistema de residencia. Hasta el próximo 26 de marzo se pondrán mandar alegaciones a la propuesta.

La especialidad en Medicina Legal y Forense se extinguió oficialmente en 2014, por una disposición específica del decreto de troncalidad que suprimía las tres especialidades de Escuela (además de Legal y Forense, Hidrología Médica y Medicina del Deporte) hasta su conversión al sistema MIR. Aunque el decreto de troncalidad fue anulado por sentencia judicial en 2016, desde un año antes no se han ofertado plazas de formación en Medicina Legal y Forense. La Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobada en marzo de 2015, incluye una disposición que establece que, una vez que se apruebe la especialidad vía MIR, el título de especialista será obligatorio para ejercer en el Cuerpo Nacional de Médicos Forenses.

El ex presidente de la comisión espera que la futura especialidad no quedé “exclusivamente en manos de Justicia”

Enrique Villanueva, último presidente de la Comisión Nacional de Medicina Legal y Forense antes de su disolución, ha mostrado una cauta satisfacción ante el paso dado por Sanidad, “a la espera de ver cómo se desarrolla el contenido del proyecto, que es lo fundamental“. Villanueva argumenta que el primer paso es “dilucidar si la futura especialidad será verdaderamente de Medicina Legal o si quedará exclusivamente en manos del Ministerio de Justicia; en este último caso, me temo que se convoquen un número muy limitado de plazas, sólo para cubrir necesidades forenses, y que quede relegada toda la parte relativa a la medicina legal hospitalaria, que es fundamental”.

La Sociedad Española de Medicina Legal y Forense, que actualmente preside María Dolores Pérez Cárceles, elaboró en 2013 una propuesta de programa formativo de residencia, con dos años en los hospitales y otros dos en los Institutos de Medicina Legal. “Hay aspectos de Medicina Legal que afectan directamente a la ciudadanía, como todos los relativos a las valoraciones del daño corporal, que actualmente no están en manos de los especialistas cualificados”, afirma Villanueva. En este sentido, el expresidente de la comisión nacional añade que “la litigiosidad inherente a muchos actos médicos tiene que ver, en muchos casos, con la falta de información de los pacientes y del propio sistema sanitario, una carencia que se subsanaría con la existencia de suficientes y cualificados especialistas”.

La sociedad científica elaboró en 2013 un programa con 2 años de rotación en hospitales y otros 2 en institutos de Legal

En su exposición de motivos, el Ministerio de Sanidad admite que el entorno hospitalario “es el medio idóneo para la formación del especialista, mediante la participación personal y progresiva a través de una rotación por las especialidades que le son más afines”. En este sentido, el departamento de Carcedo ve en este proyecto de decreto una “magnífica oportunidad” para desarrollar un programa docente, “en el que convergen de modo eficaz pericia, asistencia, docencia e investigación. Esta estructura constituye la mejor opción para perfeccionar la formación del especialista, homologarla con el resto de especialidades, y obtener para la formación en Medicina Legal y Forense el máximo aprovechamiento de los recursos periciales y científicos disponibles”.

No al ACE

El Ministerio de Sanidad descarta la alternativa del área de capacitación específica (ACE) -que el decreto de troncalidad sí contemplaba, en cambio, para áreas como Urgencias y Emergencias– porque entiende que es una “opción más ineficiente, ya que requeriría alargar el periodo formativo de los especialistas y, por tanto, el coste de la formación, sin que ello suponga una ventaja para la prestación de asistencia técnica a los colectivos que lo demandaran, además de la consiguiente demora en la disponibilidad de contar con especialistas”.

 

 

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