SEMG pide que los conflictos de intereses que no sean con la industria también se declaren

NuLa Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) ha enviado esta semana su propuesta para el futuro proyecto normativo para regular los conflictos de interés e imponer la transparencia en todas las organizaciones, sociedades y profesionales que participen en decisiones que afecten a la salud. La norma pretende desarrollar el artículo 11, sobre la colaboración en salud pública e imparcialidad en las actuaciones sanitarias, de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública. Este miércoles se acabó el plazo para enviar al Ministerio de Sanidad una propuesta en la fase de consulta pública previa.

La SEMG asegura que el planteamiento de Ministerio de Sanidad coincide con el de su código ético, puesto que “los conflictos de interés que afectan a las personas y organizaciones expertas pueden originar que sus recomendaciones o informes se alejen del interés general”.

La SEMG confía en que el desarrollo de esta medida se extienda a las consejerías de Sanidad de las autonomías “para que se homologue la actuación en todo el territorio nacional, extendiendo la transparencia y los conceptos éticos a toda España”.

Pero además de que la normativa tenga efectos nacionales, Francisco Sáez, coordinador del grupo de gestión de la SEMG, plantea que “los conflictos de intereses no se dan sólo con la industria, sino con todo tipo de entidades con las que uno pueda tener una relación y pueda haber un beneficio económico”, por ejemplo, la elección de un sistema informático o de un curso de formación.

Por tanto, la SEMG apuesta por hacer pública cualquier afiliación de los profesionales que participen en el asesoramiento o toma de decisiones de la Administración. Es decir, unos comités libres de humos industriales y de “humos administrativos“, en palabras de Sáez.

No ha planteado que cierto conflicto de interés suponga un veto en ningún caso: “Que exista ese conflicto de intereses dentro de un comité de expertos no significa que lo que digan sea incorrecto o no esté basado en la evidencia científica; simplemente, el público merece conocer esa información y a partir de ahí, valorar su criterio”, explica Sáez.

En todos los órganos públicos

La sociedad alega que “ese proyecto debe extenderse a otros órganos públicos que participan en las decisiones del Ministerio“, como las Agencias de Evaluación de Tecnologías. La sociedad denuncia que en el Informe de Indicaciones, utilidad y uso de la ecografía en Atención Primaria del pasado mes de julio, realizado por Osteba (Servicio de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del País Vasco) “se consideraban de forma preferente los cursos impartidos por una sociedad médica, a la que pertenece uno de los revisores del mismo, sin que esto se refleje en el conflicto de intereses señalado en el informe“.

“Creemos que la imparcialidad debería conllevar que todas las actividades de formación utilizadas en dicho informe para el análisis de la situación de la oferta docente deberían tener una equidad en el trato y, en todo caso, entrar en consideraciones diferenciales relacionadas con los años de experiencia, el respaldo académico y otras cuestiones referidas a la calidad de contenidos, no a la sociedad prestadora de los servicios docentes”.

La sociedad critica que “atendiendo al citado informe […] convierte a estos cursos, de escasa experiencia (menos de 5 años) y de características distintas a la formación realizada por las otras dos sociedades de Medicina de Familia y casi todas las sociedades de otras especialidades, en los utilizados de referencia para la emisión del informe, pese a alejarse del interés general, y pasan a ser así una referencia para toda España, al contar con el amparo del Ministerio de Sanidad”.

Por otra parte, la sociedad considera que puesta en marcha de esta medida de transparencia “servirá para evitar la aparición de rumores sobre la financiación de sociedades científicas por la Administración tras la selección de proyectos o programas por comités integrados por miembros de la misma (como circula sobre un programa de actividades preventivas o como sucedió con la ECOE de Medicina de Familia) o por cargos políticos vinculados a la sociedad científica, quedando libres de humos administrativos y ganando en transparencia y equidad, al ser públicos los conflictos de interés”.

 

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