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Valencia: continuismo aún por definir

En las pasadas elecciones autonómicas valencianas, el PSOE fue el claro ganador de los comicios con 27 escaños (4 más), seguido del PP con 20 (11 menos), Ciudadanos con 18 (5 más), Compromís con 16 (3 menos), Vox con 10 (todos nuevos) y Unidas Podemos-EUPV 8 (5 menos).

Al sumar 51 de los 99 escaños en liza, estos resultados permiten reeditar el Pacto del Botánico, el acuerdo de gobierno de la pasada legislatura entre el PSOE, Compromís y Podemos, y todas las partes han mostrado su intención de hacerlo. Pero no es algo que se producirá de forma automática, sino que será fruto de una negociación donde, a diferencia de la anterior ocasión, Podemos ya ha remarcado que sí quiere formar parte del Ejecutivo valenciano.

Está previsto que la negociación de esa reedición se iniciará esta semana y de ella está muy pendiente la sanidad, entre otros campos. La impresión generalizada es que la política y las líneas estratégicas en esta materia serán continuistas y también es previsible que lo sea en cuanto a partido y nombres, sobre todo porque las consejeras del ramo en la pasada legislatura (Carmen Montón y Ana Barceló) fueron del PSOE y éste ha aumentado su distancia en escaños frente a su competidor en ese pacto, Compromís (de 4 a 11).

Reversiones

¿Y qué se puede esperar de la más que posible reedición de las políticas sanitarias del Pacto del Botánico? En primer lugar, seguir con la senda de las reversiones de las concesiones administrativas, uno de los santo y seña del mismo desde el minuto uno al hilo de la recuperación de derechos y el rescate de personas.

Tras realizar la del Departamento de Salud de Alcira (Valencia), queda en el horizonte inmediato la de Denia, cuyo proceso se inició sin acuerdo con las concesionarias (DKV y Ribera Salud) con una resolución ratificada por la consejera de Sanidad, Ana Barceló. En la práctica, la reversión de Torrevieja, cuya concesión concluye en 2021, se podrá acometer en esta legislatura con el mismo mecanismo de no renovación que en Alcira, mientras que para Manises (2024) y Elche-Vinalopó (2025) sería necesaria una negociación como la planteada con las concesionarias en Denia.

En este sentido, la consejera Barceló hizo hincapié recientemente en la Diputación Permanente de las Cortes Valencianas que el futuro de las concesiones en funcionamiento no estaba ligado al proceso de Denia y que ese aspecto nunca se había puesto sobre la mesa, negando así las informaciones que afirmaban que Ribera Salud había intentado “facilitar” la negociación de Denia a cambio de “asegurar” el futuro de Torrevieja y Elche-Vinalopó.

Resonancias

Siguiendo con las reversiones, queda pendiente el desarrollo completo de la reversión al sistema público de las resonancias magnéticas. El 30 de septiembre de 2018 finalizó el contrato de diez años firmado por la Administración autonómica con la UTE Erescanner Salud (Eresa-Inscanner, Ribera Salud y Beanaca) para su gestión y no se renovó por el deseo expreso del Gobierno del Botánico de recuperar ese servicio para la gestión directa.

Para poder asumir ese compromiso, se pensó en un periodo de dos años de transición y, para ello, era necesario realizar un nuevo concurso para poder cubrir las necesidades asistenciales que puedan producirse (apoyo temporal a equipos departamentales, avería o cualquier circunstancia que así lo aconseje) durante el periodo de transición. Tras diversas polémicas judiciales, los cinco lotes ya están adjudicados, pero la realidad es que el contrato sigue sin estar activado. En definitiva, la legislatura deberá vislumbrar ese contrato y, tras su fin, la culminación total de la reversión.

 

Más retos: primaria, personal e infraestructuras

La nueva Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana podrá seguir trabajando en el desarrollo del Plan Especial de Atención Primaria, dotado con 16,7 millones de euros y que contemplaba la creación de 307 plazas estructurales. El adelanto electoral y las dificultades para encontrar profesionales en las bolsas provocaron que dicha creación no estuviera concluida antes de los comicios y, de hecho, generó mucho debate y movilizaciones en los últimos meses a nivel autonómico auspiciadas por sociedades científicas de primaria y sindicatos (especialmente CCOO, CSIF y CESMCV-SAE).

Otro tema importante es el despliegue y desarrollo de las ofertas públicas de empleo de los últimos años que ya están en marcha y las que, a corto y medio plazo, se puedan aprobar. En este sentido, se trata de la única medida sanitaria del Ejecutivo valenciano que los principales partidos de la oposición (PP y Ciudadanos), salvaban cuando hicieron su balance de legisatura para Diario Médico.

A nivel de personal, será clave también el desarrollo del nuevo decreto de carrera profesional, que permitirá percibirla también a los interinos sanitarios y solventar definitivamente el tema del transporte de los profesionales en las urgencias de primaria.

Otro campo de batalla importante será la lucha contra las listas de espera quirúrgicas y de pruebas diagnósticas, que también fue objeto de duras críticas por parte de la oposición al Gobierno del Botánico. En este sentido, durante los próximos años habrá que calibrar el resultado del acuerdo del Consell sobre listas de espera, que mantiene el plan de choque de colaboración público-privada, mejora los autoconciertos y ajusta la retribución del personal a la complejidad de los procedimientos.

A nivel de infraestructuras, un proyecto que podrá seguir tal y como estaba planteado es el del Espacio Sanitario Campanar-Ernest Lluch, que ya en su presentación se catalogó como una iniciativa de dos legislaturas, y el nuevo Hospital de Ontinyent, cuya construcción ya ha sido adjudicada.

Además, la Consejería de Sanidad deberá apostar por un nuevo proyecto a medio y largo plazo en este campo, que continúe el Plan de Dignificación de las Infraestructuras Sanitarias 2016-2019 (inversión prevista de 386 millones de euros), muy centrado y apostando por mejorar las ya existentes.

Continuar con las ayudas frente al copago farmacéutico y ortoprotésico para colectivos vulnerables (pensionistas, diversidad funcional, menores, parados…) será otra medida clave en la voluntad de “rescatar personas”, que se suma a la recuperación de la sanidad universal, la primera medida de gobierno del Pacto de Botánico.

 

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